C.P. Luis Manuel De La Mora Ramírez
De la exposición de motivos descrita en la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, coincide en describir que, en diversos estudios realizados por organizaciones serias en el análisis de la corrupción, se ha señalado que nuestra sociedad sigue siendo una sociedad dispuesta a practicar la corrupción si piensa que de ella obtendrá un beneficio personal; que se mueve en los márgenes del estado de derecho; y que se encuentra alejada de la cultura de la legalidad. Esto es visible en situaciones de corrupción por parte de las instituciones, como el caso de la estafa maestra donde se presentaba la desviación de recursos públicos debido a la facilidad de convenio con dependencias e instituciones universitarias sin necesidad de una licitación, donde la triangulación de recursos se presentó, y por parte del propio cuerpo de alumnos y docentes así como administrativos, ya que se presentan casos como la venta de exámenes o respuestas, la compra de calificaciones los casos de plagio entre profesorado y alumnos, entre otros. Pero la luz en el tema es que también cada vez más se percibe una participación mayor en movimientos institucionales comprometidos con la lucha contra la corrupción y la impunidad. Lo anterior lo testifico como un componente de cambio, que, en mi calidad de ciudadano, participando en las organizaciones de sociedad civil empresarial, señaló hechos de corrupción y promovió un cambio.
En la exposición también se menciona que las instituciones de diversas naturalezas como las académicas, de la sociedad civil y asociaciones empresariales y de profesionistas, centran cada vez más sus esfuerzos para difundir las causas y costos de la corrupción, pero también, para proponer formas para evitarlas. Fue así que de la participación directa con organizaciones como Coparmex, en la que participe informando y proponiendo un cambio, logramos acompañados por más de 630 mil ciudadanos, proponer el diseño del Sistema Nacional Anticorrupción, trabajo que concluyo en la aprobación de todo el marco normativo para prevenir, denunciar y sancionar las conductas de corrupción.
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