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Historia de un trámite

Mtro. José Guadalupe Luna Hernández

 

Quizá no sea habitual que, al examinar y monitorear el funcionamiento de trámites administrativos, recurramos a los autores clásicos. Con todo, se antoja oportuno para evitar extraviarse en la compleja fenomenología del ejercicio de las funciones gubernamentales, así como para contextualizar la revisión y mejora de su desempeño en la atención de las personas. Vale pues la pena iniciar este análisis recordando que el propósito del gobierno “es la vida perfecta y autosuficiente, es decir, en nuestro concepto, para una vida bella y feliz. La Comunidad política tiene por causa, en suma, la práctica de las buenas acciones y no simplemente la convivencia” (Aristóteles, 1967).

Las buenas acciones a las que se refería El Estagirita son, sin duda, parámetros para identificar las particularidades del gobierno; particularmente la capacidad para tomar decisiones y hacer que se cumplan (Stoker, 1998); así como proporcionar los bienes públicos que el pueblo necesita y desea (Levi, 2006). Una de las diversas formas en las que se aprecia esa capacidad para tomar decisiones, que permita acceder a bienes, o la autorización para desarrollar determinadas acciones, consiste en la atención gubernamental a las inquietudes y necesidades de las personas mediante la ejecución de trámites públicos. El estudio anterior ya se refería a la definición de trámite que establece la Ley General de Mejora Regulatoria, que recuperamos nuevamente; señala que se refiere a “cualquier solicitud o entrega de información que las personas físicas o morales del sector privado realicen ante la autoridad competente en el ámbito federal, de las entidades federativas, municipal o de la alcaldía, ya sea para cumplir una obligación o, en general, a fin de que se emita una resolución” (a.3 f. XXI).

Es en la atención de tales solicitudes donde el comportamiento de los servidores públicos puede ser consistente con las disposiciones jurídicas y administrativas existentes, o donde desgraciadamente comienzan a adoptarse decisiones en las que, al amparo del poder delegado en la administración pública, se procura satisfacer el interés particular en lugar del interés público, propiciando un beneficio indebido.

En el diagnóstico de la Política Nacional Anticorrupción, al diseñar el árbol de problemas que permite identificar las principales causas de la corrupción en nuestro país, se distinguen cuatro de tipo general, así como diversas subcausas. Para efectos del presente análisis vale la pena destacar la causa 3: “Distorsión de los puntos de contacto entre las instituciones de gobierno y la sociedad” y la sub causa 3.1: “Persistencia de áreas de riesgos que propician la corrupción en las interacciones que establecen ciudadanos y empresas con el gobierno al realizar trámites y acceder a programas y servicios públicos” (Sistema Nacional Anticorrupción, 2020)”

Las causas descritas adquieren relevancia si se considera que, como refiere la misma Política Nacional Anticorrupción, el fenómeno de la corrupción implica un “orden social que privilegia modos de interacción e intercambio basado en el particularismo y el favoritismo que pueden manifestarse en comportamientos institucionales y sociales que transgreden principios éticos y de integridad” (Sistema Nacional Anticorrupción, 2020).

Si segmentamos el problema de la corrupción sin duda podemos pensar, como han referido diversos autores, en la alta corrupción que implica el indebido aprovechamiento de los recursos públicos y la baja corrupción que es la que impera en la relación directa entre el gobernante y la sociedad. En el primer caso, si bien los efectos pueden ser generalizados en la sociedad o en determinados sectores de ésta, el proceso para determinar la individualización de sus efectos es más complejo y diferente a lo que ocurre en el trato directo y en los actos de corrupción presentes en los puntos de contacto existentes entre el gobierno y la sociedad.

Al evaluar y monitorear el desempeño institucional, a través de la atención de los trámites públicos, se pretende atacar este fenómeno cuyo universo posible de acciones se ha situado, según cifras atribuidas al INEGI, en 260 millones de trámites o solicitudes de servicios anualmente, tan sólo en el ámbito de las entidades federativas; de los cuales 76.5 millones los realizan las empresas que, además, se encuentran sujetas a 2.5 millones de procesos de verificación. Los actos de corrupción realizados en torno a esas dos actividades implicaron 1,600 millones de pesos con un costo en promedio, de $12,000.00 por empresa afectada, según la ENCRIGE (INEGI, 2016); mientras que el costo de la corrupción en la realización de trámites o en el acceso de la población a servicios implicó un valor por 7,200 millones de pesos, en promedio 2,200 pesos por persona afectada, según otra edición de la misma ENCRIGE (INEGI, 2017).

De ahí la importancia que se asigna, tanto en la Política Nacional como en la Política Estatal Anticorrupción, para tratar de mejorar los puntos de contacto entre el gobierno y la sociedad para controlar y combatir la corrupción en ese nivel.

Con fundamento en los artículos 35, 36 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 15 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, en relación con los principios contenidos en el Código de Ética de este Órgano colegiado, desde el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, hacemos un atento y respetuoso llamado a la ciudadanía mexiquense a participar en la jornada electoral que se llevará a cabo el próximo 4 de junio; así como,  en estricto respeto a lo establecido por las disposiciones legales con motivo de las campañas electorales (del 3 de abril al 4 de junio de 2023).

Ello, en el entendido de que, al interior de las oficinas, edificios y locales ocupados por los poderes públicos o los edificios escolares, no podrá fijarse ni distribuirse propaganda electoral de ningún tipo, utilizar recursos administrativos, humanos o materiales con fines diferentes a los que están destinados legalmente.

Desde el inicio de las campañas electorales y hasta la conclusión de la jornada electoral, las autoridades estatales y municipales, así como los legisladores locales, deberán suspender la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a los servicios educativos y de salud o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia.

Adicionalmente, durante los treinta y ocho días anteriores al de la jornada electoral, las autoridades estatales y municipales así como los legisladores locales se abstendrán de establecer y operar programas de apoyo social o comunitario que impliquen la entrega a la población de materiales, alimentos o cualquier elemento que forme parte de sus programas asistenciales o de promoción y desarrollo social, salvo en los casos de extrema urgencia debido a enfermedades, desastres naturales, siniestros u otros eventos de igual naturaleza. La Legislatura determinará los programas sociales que por su naturaleza, objeto o fin por ningún motivo deberán suspenderse durante el periodo que señala el párrafo anterior y promoverá las medidas necesarias para su cumplimiento en los tres ámbitos de gobierno que generen condiciones de equidad en el proceso electoral.

Asimismo, es de resaltar que el Órgano Superior de Fiscalización, la Secretaría de la Contraloría, las Contralorías de los Poderes Legislativo y Judicial, las de los Organismos Constitucionalmente Autónomos y las de los Ayuntamientos, sancionarán el incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 261 del Código Electoral del Estado de México, conforme a sus respectivas competencias . Asimismo, los hechos de corrupción y delitos electorales, serán investigados por las Fiscalías Especializadas en Combate a la Corrupción y en Delitos Electorales, respectivamente.

La infracción a las disposiciones previstas en el artículo referido en el párrafo inmediato anterior, será sancionada conforme a la normatividad aplicable, con la obligación de todo aquel que conozca de ilícitos, de denunciar los delitos que se cometan en materia electoral.