El poder público se instituye como resultado de la transferencia de la libertad y soberanía que cedemos las personas que formamos parte de una sociedad determinada para que quienes, resultado de un proceso democrático, racional y dialógico de decisión, asuman la representación popular y ejercerzan un conjunto de potestades que constitucional y legamente les han sido establecidas para administrar el erario –producto de la contribución de todos–, gestionar los bienes públicos, ofrecer servicios, mediar en la solución de los conflictos, en síntesis, asegurar las condiciones inclusivas que favorezcan la vida plena, autónoma y la felicidad de las personas.

Se trata, por lo tanto, de que las personas que cuentan con la capacidad para tomar decisiones, ejerzan ese poder delegado anteponiendo el interés general y el bienestar de las personas; en un contexto de respeto a la legalidad, como principio esencial que limita formalmente a la potestad; de respeto a los derechos humanos, como criterio de restricción sustantivo de la arbitrariedad; que se aseguren de que los recursos públicos se ejerzan con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honestidad, como garantía de un buen gobierno; fomenten que los puntos de contacto entre el gobierno y la sociedad se sujeten a un régimen de integridad pública; alienten la participación ciudadana como supuesto estructuralmente necesario de una vida social regida por los más altos valores democráticos y, por último, que se recobre el modo de ser del servicio público bajo los ideales éticos que nos permitan buscar, ante las diferentes contingencias de la vida, las respuestas que mejor respondan al imperativo categórico kantiano.

Éste es el alto estándar que un Estado Constitucional de Derecho exige para el ejercicio del poder en un ambiente de integridad y de consistencia con sus reglas, valores y principios. Frente a ese ideal, la substancia de los principios adquiere precisar en la fenomenología de una realidad histórica cuya existencia se encuentra plagada de la contradicción intrínseca del deber ser y del ser, por la tensión que de manera natural resulta de la existencia de las virtudes, los deseos, las pasiones, la racionalidad y los vicios de los seres humanos.

Es así como debemos reconocer que no hay sociedad que se encuentre exenta del fenómeno de la corrupción, entendida, como lo plantea Transparencia Internacional, como el uso arbitrario del poder delegado para beneficiar intereses privados, ya sea mediante su modalidad de soborno, extorsión, apropiamiento indebido de los bienes públicos, colusión, omisiones, deficiencias premeditadas, ignorancia o negligencia en el ejercicio de funciones, simulación de actos legales para justificar decisiones arbitrarias, entre otras conductas inimaginables ya que, desgraciadamente, la mente abusiva es tan creadora que, en no pocas ocasiones, va por delante de cualquier intento de regulación y se aprovecha siempre de las debilidades de los procesos de control. La corrupción, como una expresión más de la malicia o la maldad humana, es la compañera de viaje de la integridad pública, entendida como una cualidad de la virtud republicana de las personas y las comunidades. Una y otra son las dos caras de nuestra existencia y muestran la magnitud de los valores sociales que informan los comportamientos personales. Son los extremos que resultan de la aplicación del juicio personal e institucional, del libre albedrío de las personas, del ejercicio de nuestra libertad y, finalmente, de la aspiración humana por constituirse en un ser racional y no de impulsos.

El presente informe es una microhistoria, el testimonio del esfuerzo encabezado por cinco personas que integramos el Comité de Participación Ciudadana (CPC) y que representamos el esfuerzo de muchas otras más que participaron en los trabajos realizados durante este periodo 2021-2022. Es un fragmento del engranaje que constituye al Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios (SAEMM). Es el reflejo de nuestro esfuerzo, de nuestro compromiso, de nuestra vocación y de nuestros ideales, pero también de la lucha de esos principios frente a los riesgos de captura y cooptación, muestras las acciones con las que resistimos a la inercia que pretende desmovilizar y que triunfa cuando prevalece la desesperanza que aconseja no levantar la voz y no distinguirse del concierto de complicidades y de las redes de conveniencia y de impunidad que existente en nuestro estado.

El informe que se presenta encuentra su sustento en un modelo de rendición de cuentas preciso, claro, objetivo, que no trata de disimular los incumplimientos pero que si ofrece un contexto de explicación que ayude a entender lo que ocurrió durante este periodo. Intenta ser el fiel testimonio de un debate interno, una discusión de vida, una constante reflexión colectiva de quienes integramos el CPC para determinar si nuestra ruta sería la intrascendente levedad de una existencia capturada por la tendencia institucional o si, por el contrario, nos animábamos a responder al mandato constitucional que el pueblo del Estado de México nos hizo, a través de la delegación, en nuestras personas, de esta altísima responsabilidad.

Serán ustedes, las acuciosas personas que sujeten a escrutinio el presente ejercicio de rendición de cuentas, quienes tengan la última palabra y juzguen nuestros actos, con la dureza necesaria para que la causa del combate a la corrupción no ceda un milímetro a los riesgos que enfrenta pero con la benignidad que esperamos quienes asumimos este compromiso con la mayor convicción y conscientes de la inmediatez de nuestra existencia en un sistema complejo y en la interminable sucesión de la historia.